Los funcionarios públicos dedicados a la Educación y a la Sanidad, y fundamentalmente los Maestros y Médicos de Familia de esta Región, si viviéramos en Alemania, en Suecia, en Holanda, en Dinamarca o en Finlandia (por poner algunos ejemplos de países de nuestro entorno), no necesitaríamos reivindicar el prestigio de nuestra profesión y la función social que desarrollamos, y no sería necesario hacerlo porque en todos esos países, hace mucho tiempo que estos profesionales forman parte de las personas más valoradas, social y laboralmente. Aquí, en España, tenemos que ser nosotros mismos, y unos cuantos intelectuales y personas con sentido común, quienes saben y hacen pública nuestra importancia para la sociedad a la que servimos, y nos apoyan. A veces sólo es preciso un ejercicio sencillo de racionalidad: el pensar que en las manos de estos servidores públicos están ni más ni menos que la educación de nuestros hijos y la salud y el bienestar de la población; ¿Quién sino está a nuestro lado cuando nacemos o cuando la salud nos falta?, los médicos, matronas, enfermeros y celadores; ¿quién nos enseña los conocimientos básicos y nos forman?, los maestros y maestras, los profesores y profesoras. Todo esto debería servir para repensar su importancia. Quien no valora y desprestigia a los funcionarios públicos esconde algo más peligroso: el desprestigio del los propios Servicios Públicos. En España el 9.5% de los trabajadores somos funcionarios, mientras que en Europa la media está en torno al 16%.
Emilio Lledó dice que “enseñar no es sólo una forma de ganarse la vida sino que es, sobre todo, una forma de ganar la vida de los otros”, frase muy lúcida porque los que nos ganamos la vida enseñando sabemos que con nuestro trabajo despertamos a otros, nuestros alumnos, al mundo de las realidades, al de los conocimiento y al de los valores ciudadanos y humanos, y además lo hacemos en el lugar donde se debe hacer, en la Escuela, una institución que no tiene sustituto, y que es por lo tanto, imprescindible.
Pues bien, en mi caso, enseñante público desde hace mucho tiempo, confieso que me siento orgulloso de mi tarea docente y de la función social que desarrollo, y estando seguro de que me equivoco, también lo estoy de que mucho más se equivocan aquellos que tratan de desprestigiarnos haciéndonos diana de sus críticas. Y si me siento enfadado y cabreado hoy, no lo es porque tenga dudas sobre la importancia de mis tareas docentes o por estar en el punto de mira de algunos descerebrados, sino porque mi Gobierno Regional nos ha maltratado con una dureza inaudita, suprimiendo de un plumazo derechos laborales (más de 16 acuerdos derogados), nos reduce los sueldos, reduce los puestos de trabajo en las escuelas e institutos, suprime programas, reduce los presupuestos de los colegios, etc., toda una serie de injusticias sin precedentes que no tenemos más remedio que denunciar y ejercer nuestro derecho a la protesta, manifestándonos y haciendo otras acciones tendentes a que la sociedad a la que servimos lo sepa, y valore que al hacer lo que nos hacen, están desprestigiando los Servicios Públicos.
Y ahora que ha pasado la barbaridad de agredir a uno de los Consejeros del Gobierno Regional, cosa inaceptable en modo alguno, otros (y entre ellos ¡qué pena!, nuestros gobernantes) han aprovechado para hacer declaraciones que van en la línea de desprestigiar nuestra lucha tratando de echarnos encima el clima de CRISPACIÓN que existe en Murcia, sin querer darse cuenta de que si hay crispación sólo hay unos culpables: ELLOS, que en un día de finales de Diciembre, con nocturnidad y alevosía, aprobaron una Ley que nos da un trato que no merecíamos.
Por eso, el día 25 volveremos a la calle para manifestarnos, y decir bien alto:
¡Que se trata de Educación y Sanidad, imbécil!
10 comentarios:
Allí nos veremos
Sin dudarlo, allí estaremos!!
Ahora más que nunca hay que estar
Deslegitimados. Así nos hemos quedado los funcionarios. Un consejero ha sido agredido y solidario con él, todo el gobierno regional y por extensión, todo el PP y en definitiva, todos los demócratas y ciudadanos civilizados. Los agresores, ahora terroristas, no se sabe quienes son, pero se da por hecho que están vinculados con los agresivos manifestantes que protestan por los recortes de Valcárcel, es decir, los izquierdosos, los fascistas de la extrema izquierda. Y así, los funcionarios de la administración regional, los docentes no universitarios y los sanitarios, pasamos a formar parte de la izquierda más rancia, la asesina y quemaiglesias.
De esta manera, los funcionarios hemos pasado de ser víctimas de unas medidas opresoras, antidemocráticas, facciosas y profundamente injustas, a verdugos, agresores, violentos, de izquierdas, republicanos, vagos y maleantes. Porque hemos protestado, hemos levantado la voz, nos hemos manifestado y hemos molestado. Incluso hemos soliviantado a la sociedad por participar, consentir o al menos celebrar, los huevazos, insultos y algunos zarandeos y situaciones violentas sufridas por algún familiar del presidente Valcárcel o algún representante de su gobierno.
Si la aprobación de la ley de medidas extraordinarias fue un acto fascista, la manipulación divulgativa y propagandística a raíz de la agresión al hijo del primo de la mujer del presidente ha superado y ratificado el autoritarismo, cinismo e hipocresía al que estábamos acostumbrados en la época franquista. El Sr. Valcárcel ha conseguido dar la vuelta a la tortilla y erigirse en víctima, en inocente receptor de una incomprensión e intolerancia que le viene por parte de los funcionarios, del gobierno central, del PSOE y de toda la izquierda y de todo aquel que piense y opine distinto que él.
Fdo.- Funcionaria maestra
Esto también es sanidad:
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Pajín permite a 1.000 médicos extranjeros ilegales en España examinarse para el MIR.
Las pruebas de acceso se celebrarán el próximo día 29. Algunos trabajan en la Sanidad Pública sin reunir la titulación necesaria. El Colegio de Médicos lo denunció hace años al Fiscal General.
La ministra Leire Pajín ha autorizado a que 1.000 médicos extranjeros que se encuentran ilegales en España puedan examinarse para el MIR el próximo 29 de enero en distintas universidades de nuestro país.
La titular de Sanidad adopta esta extraña resolución en mitad de un proceso que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia para determinar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir una red de presuntos estafadores desarticulada por la policía, dedicada a traer galenos de Santo Domingo a cambio de dinero .
Según el atestado policial, López Blanco alteró la condición de extranjeros extracomunitarios de 49 médicos dominicanos traídos a España por la red de presuntos estafadores para que pudieran acogerse a las plazas reservadas para aspirantes españoles y comunitarios.
Los irregulares
En la criba hecha por la investigación a la relación de aspirantes difundida por Sanidad, se ha detectado hasta ahora que más de 1.000 no reúnen las condiciones para presentarse a los exámenes y que, sin embargo, el Ministerio ha hecho la vista gorda y se lo ha permitido.
Las comunidades y las especialidades médicas que desempeñan estos extranjeros presuntamente irregulares son múltiples y variopintas. Así –y siempre según las mismas fuentes–, por ejemplo, el sirio Ebrahín Al Salahi, que se examinará el próximo 29 en la Facultad de Ciencias de Valladolid, aunque tiene permiso temporal de residencia, trabaja como médico de familia en la Sanidad Pública de Palencia.
Sin embargo, y para enmascarar esta situación de presunta irregularidad, el Ministerio hace constar en la relación de aspirantes que Ebrahin tiene “residencia permanente en España”, señalado en las listas con el epígrafe 2.
Existen casos curiosos como el de la colombiana Catalina Chica García, quien, pese a que desde mayo de este año tiene extinguido su permiso familiar comunitario por haberlo obtenido de forma fraudulenta, se presenta a examen en la Universidad Autónoma de Madrid como ciudadana de la UE.
Denuncias
Hace cuatro años que el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, denunció ante el Ministerio de Sanidad y ante la Fiscalía General del Estado el peligro que supone para la salud pública el hecho de que en la actualidad haya en nuestro país del orden de 10.000 a 12.000 médicos extracomunitarios que están trabajando en España en condiciones irregulares.
Para ello solicitaban de este Ministerio la presencia de un representante permanente de la OMC en el proceso de homologación de títulos de Licenciado en Medicina.
La propia policía que investiga esta trama, en un informe que obra en las diligencias previas del juzgado de Murcia, establece que es “requisito indispensable la titulación en Medicina Familiar y Comunitaria para el desempeño de la profesión en centros o servicios propios, integrados o concertados del Sistema Nacional de Salud”.
“En resumen –sigue el informe– para trabajar en la sanidad pública española, cualquier médico sin distinción de origen ha de superar el examen de MIR (o conseguir la homologación de su especialidad a través del Ministerio de Educación), incluso para médico general, ahora denominada la especialidad de medicina familiar (en la actualidad son cuatros de MIR). Citan también una directiva europea que obliga a poseer este título.
¿¿¿¿¿¿¿cuando os vais a manifestar contra los medicos ilegales???????
¿¿¿¿¿¿¿cuando os vais a manifestar contra alguien de izquierdas??????
apesta!!!!!!!!!!!!!!!!!
Manifestaciones de los sindicatos contra Gobiernos de Izquierda las ha habido, sin remontarnos más lejos, desde Felipe Gonzáles hasta la última huelga general de 2010. Así que no entiendo lo que dice el anónimo último.
Quizá sea su intención, a falta de argumentos mejores y motivaciones más dignas, "malmeter"; con lo cual no tiene mucho sentido contestar su prolija exposición de los médicos ilegales, tema que tanto parece preocuparle, y que blande con soltura, no exenta de mala educación, contra las personas que accedemos a este blog con intenciones más civilizadas y respetuosas.
El doctor Antonio Martínez Pastor es el presunto cerebro de la trama que presumiblemente estafó a más de 100 médicos dominicanos entre 2008 y 2010. Los galenos llegaron a España para examinarse y obtener una plaza de MIR en la Sanidad pública española. Martínez Pastor no sólo les consiguió los papeles en Extranjería, sino que también legalizó su estancia y actividades en nuestro país. Y fue un paso más allá: se entrevistó en 2008 en el Ministerio de Sanidad en Madrid con Silvia Pérez Fernández, jefa del Área de Gestión de Formación Sanitaria, para conocer si los exámenes para MIR iban a ser igual que los del pasado año. Es decir, alteró las normas para que médicos extranjeros puedan presentarse en igualdad de condiciones que los españoles o los miembros de la UE.
Además, consiguió que el delegado del Gobierno de Murcia, Rafael González Tovar, amigo personal suyo y médico como él, concediera el NIE (Número de Identificación de Extranjeros) a los doctores extranjeros, en caso de que sus visados fueran rechazados por el consulado español en Santo Domingo.
Esta declaración pertenece al sumario que instruye el juzgado número 2 de Murcia y que investiga una presunta red de estafadores que orquestó la entrada en España de médicos extranjeros ilegales.
Las diligencias policiales continúan: “Comentando el delegado del Gobierno en Murcia, Sr. González Tovar, que es una pena que no vengan a España estos profesionales y que hablaría con el jefe de la Oficina Única de Extranjería en Murcia, Sr. Fulgencio Puche, para ver de qué forma se podría solucionar la llegada a España de esos 49 médicos a examinarse”.
n esta misma declaración queda constancia de que el jefe de la Oficina Única de Extranjería de Murcia, Puche Oliva, ex alcalde por el PSOE de Molina de Segura, encontró la solución, “indicando –dice el texto– a Pastor que utilizaran otra academia (Formación Profesional San Antolín) debido a que la que representaban él y su socio Jesús Caballero no estaba homologada y que, por lo tanto, en el Consulado de Santo Domingo no podrían dar el visado a los médicos de aquel país que lo solicitaran para examinarse en España”.
El interés por solucionar el tema que mostró Puche fue tal que le llevó a llamar personalmente y ponerse de acuerdo con el cónsul español adjunto en Santo Domingo.
Los presuntos estafadores se enfrentan a un procedimiento judicial por los supuestos delitos de asociación ilícita, estafa y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros.
Por dinero
En la instrucción policial queda claro que los imputados deciden embarcarse en este negocio con una finalidad puramente económica y por varios motivos: la academia MGI&NEVA contaba sólo con cuatro alumnos como capital docente y necesitaba llenar sus aulas de médicos extranjeros, según reconoce en sus declaraciones el imputado Jesús Navarro Caballero, director de la citada academia.
El segundo motivo es que contaban con la amistad del delegado del Gobierno, Rafael González Tovar, a través de Antonio Martínez Pastor, profesor de la academia cuya actividad docente la compaginaba con su puesto de funcionario del Servicio Murciano de Salud.
González Tovar, al igual que Martínez Pastor, procede del Servicio Murciano de Salud (SMS) y desempeñó el cargo de director del Área de Sanidad de la Delegación de Gobierno de Murcia antes de acceder a su actual empleo.
En cuanto a Pastor –según sus propias declaraciones– es el responsable dentro del SMS y controla a tres técnicos en salud y a 48 médicos residentes por año. Coordina, además, la formación de médicos residentes, MIR.
En el interrogatorio que los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía hicieron a Antonio Martínez Pastor, éste reconoce haber entregado regalos para conseguir sus fines: “En uno de los viajes, Jesús Caballero compró tres jamones y le dejó a la secretaria [de la Embajada] uno para el cónsul, otro para el adjunto y otro para el embajador; en cuanto a dinero efectivo, no tiene conocimiento o no se ha enterado”.
Curso de pasteleo
Según las investigaciones policiales unidas al sumario, para evitar que a los médicos dominicanos se les echara el tiempo encima y tuvieran que abandonar España, los miembros de la red desarticulada “deciden promover a través de la Universidad de Murcia la realización de un curso sobre el sistema sanitario español, estimándose que el fin era prolongar fraudulentamente la estancia en España de los médicos dominicanos y que esta alcanzara los seis meses, para así poder optar a una tarjeta de residencia en España como estudiante, diciéndoles que, de este modo, podrían optar a las plazas de MIR reservadas a comunitarios”. De esta manera se obviaron los requisitos que hay que cumplir para la presentación de instancias.
Este curso lo impartieron los doctores Martínez Pastor y Miguel Ángel Fernández Villacañas Marín, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, imputado en las mismas diligencias previas por los supuestos delitos de asociación ilícita, estafa y contra el derecho de los ciudadanos extranjeros. El curso, aun siendo privado, impartió sus clases en las aulas de la Facultad de Medicina.
-----------¿esto no es sanidad?.-------¿esto es "malmeter""?.
YA.
Dado que los comentarios están siendo muchos y en cierta forma acaparados por un Anónimo (ya ha hecho 4 intervenciones de las 9 que hay), me gustaría, como autor del Blog, intervenir. Y en primer lugar, y por una cuestión de justicia y educación, deseo contestar a los primeros que hicieron comentarios.
A Paco Illán, que a ver si es verdad y nos vemos en la Manifestación. Me encantaría.
A “Más de Historia”, mujer dedicada a la Educación por lo que he podido ver, que me sumo con ella a la convocatoria de esa manifestación y que allí estaré.
A Conrado, que sí, que es verdad que ahora es muy importante estar allí para que vean nuestros gobernantes que, pacíficamente, exigimos nuestros derechos fuera de toda crispación, quizá lo hagamos con un silencio respetuoso, pero con energía.
A la primera Anónima, que estoy de acuerdo con su comentario, que me preocupa mucho que nuestro Gobierno trate de manipular nuestra lucha por una Ley tan injusta como dura, y le añado que hay otra forma de ajustar presupuestos, y como ejemplo podemos ver lo decidido hace unos días por el gobierno de Castilla-La Mancha, que lo hace sin machacar a los trabajadores de los Servicios Sanitarios y Educativos, es un ejemplo.
Al segundo Anónimo, que sigue y sigue insistiendo, le diría que es para mí muy difícil contestar a sus comentarios porque, sinceramente, habla de un caso concreto relativo a un tema sanitario-administrativo que desconozco. Además, al volver una y otra vez sobre este monotema, me parece que –como dice otro Anónimo que le contesta- trata de “malmeter” argumentos que no vienen al caso huyendo de lo esencial de mi entrada.
Pero quiero dejar claro, a parte de cualquier otra cuestión, que pretendo que mi Blog sea un espacio para la libertad de expresión, y desde esta premisa, le digo a este Anónimo que puede seguir comentando l o que desee, si bien todos sus argumentos dejan de tener para mí valor (por muy concienzudos que parezcan) en el momento en que terminan como su primer comentario , fuera de toda racionalidad dialéctica y/o educación y que lo único que demuestran es RABIA. …¿por qué?
A lo mejor, su monotema debería expresarlo en otro foro más específico, que seguro lo habrá, y no escudarse en él para rebatir mis argumentos, argumentos que son opiniones, claro, pero que muchos servidores públicos murcianos de Sanidad y Educación, comparten, y por ello, mañana seremos muchos, muchos, muchos, los que salgamos a la calle para decirle a nuestro Gobierno Regional, que así no se hacen las cosas.
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